El Tribunal Supremo sigue sentando las bases de la responsabilidad penal de las empresas, dictando la segunda sentencia que dicta desde la reforma del Código Penal que abre las puertas a que las empresas puedan ser condenadas como responsables de delitos.
En esta ocasión se trataba de una inmobiliaria cuyo propietario fue condenado por un delito de estafa al haber cobrado una doble comisión.
En su primera sentencia sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, nuestro Alto Tribunal condenó a una empresa por tráfico de drogas.
Sin embargo, en esta ocasión, el Tribunal Supremo ha decido absolver a la empresa inmobiliaria por indefensión. La Audiencia Provincial de Cáceres había entendido que la empresa era culpable de un delito de estafa por lo que terminó imponiéndole una pena de multa así como el cierre de la oficina.
Tras esta condena la empresa recurrió ante el Tribunal Supremo alegando indefensión toda vez que no había sido imputada previamente a que se actuara contra ella, entendiendo que la mera imputación de su propietario no equivale directamente a la imputación de la persona jurídica al tratarse de dos personas diferentes.
Así el Tribunal Supremo entiende que la empresa efectivamente sufrió indefensión al no habérsele imputado con anterioridad toda vez que las empresas sólo responderán penalmente cuando hayan “incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad” y no a partir de la imputación de una persona física por más que esta sea la propietaria o la responsable de la empresa.
Con independencia del sentido del fallo, lo que parece indiscutible es que la responsabilidad penal de las empresas ha llegado para quedarse y que el Tribunal Supremo está haciendo un esfuerzo para aclarar jurisprudencialmente este asunto.
Del mismo modo se pone de manifiesto una vez más la importancia que adquiere para todas las empresas contar con un adecuado Legal Compliance que le permita protegerse frente a una posible comisión de delitos en su seno fomentando entre todos y cada uno de sus componentes (desde el más alto directivo hasta el último empleado) una cultura de cumplimiento normativo.
Arbesú Abogados 